La cadena de supermercados Alimerka ha anunciado su intención de aplicar un ERTE al 11% de su plantilla. Desde estas líneas queremos mostrar nuestro apoyo a estas trabajadoras y trabajadores. Por eso, nos gustaría recordar la huelga que hace un año convocaban los empleados de varios supermercados en Asturias en defensa de la dignidad de sus puestos de trabajo. También cuál fue el comportamiento del dueño del Alimerka, Alejandro Fernández, en aquellos días. Y cómo, poco tiempo después, los mismos trabajadores que fueron utilizados como moneda de cambio, realizaron las más esenciales tareas para proveer alimentos en los meses más duros del confinamiento, ejerciendo su trabajo desde sus puestos en primera línea.
Es inaudito que una gran empresa como Alimerka, que da importantes beneficios cada ejercicio económico, la séptima que más factura de Asturias (sólo en 2019 obtuvo más de 6 millones de euros en beneficios) y la primera en el sector de la alimentación, y que sólo en Gijón cuenta con 20 supermercados, se permita el lujo de ejercer presión política al Gobierno disparando con pólvora ajena. Porque no será Alimerka la que pague al 100% la nómina de sus empleados, lo hará principalmente el Estado gracias al mecanismo de los ERTEs. Es decir, lo harán las ciudadanas y los ciudadanos de un país cuya fuerza de trabajo y consumo ha hecho crecer durante muchos años a esta empresa.
Debemos recordar que los ERTEs son un mecanismo concebido para garantizar el mantenimiento del empleo cuando vienen mal dadas, como en esta pandemia, no son una herramienta para que a las grandes fortunas, como la de Alejandro Fernández, les salga gratis inflar sus beneficios a costa de exprimir el erario público. Lo que pretende Alimerka con esta acción es que la Administración Pública pague las nóminas de sus empleados. Y eso es, a todas luces, inadmisible.
Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que necesitamos una clase empresarial que tenga responsabilidad social corporativa real con la ciudadanía. Esto es, que cuide, respete y defienda el bien común. Que una gran empresa reconozca que teniendo beneficios económicos y pudiendo hacer frente a las condiciones extremadamente duras para muchos pequeños empresarios, se solidarice con éstos y con los trabajadores, no abuse de las medidas existentes para proteger sus derechos. Alimerka le debe demasiado a Asturias como para pretender atropellar a su pueblo de esta manera.
